Las pensiones públicas tienen futuro

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Editorial. Goitibera nº 318. Otoño de 2019.

Son los mismos que nacieron en la posguerra; los mismos que estudiaron en la educación franquista; los mismos que vivieron el mayo del 68; los mismos que lucharon por derechos sociales y laborales; los mismos que votaron la Constitución de 1978; los mismos que se jubilaron pensando en que descansarían el resto de su vida; y los mismos que cada semana salen a las calles para reivindicar una pensiones dignas, públicas y suficientes. Es una generación que ha estado marcada por las luchas sociales y laborales porque sabe que los derechos se consiguen en la calle. 

Bilbao fue una de las ciudades donde comenzó este germen en favor de estas retribuciones y donde, protesta tras protesta, los pensionistas no han perdido músculo. No es casual, por lo tanto, que de la capital vizcaína saliera en septiembre la ‘columna norte’ hacia Madrid. Algunos incluso repetían ruta, porque ya habían participado en la conocida ‘Marcha del Hierro de 1992’. 

Todo esto en un notorio clima preelectoral. El PSOE ya ha prometido una reforma de las pensiones si gana las elecciones en 10N y el Gobierno en funciones, de ese mismo partido, ya ha prometido que las subirá un 0,9 % en 2020. No obstante, al colectivo de pensionistas esto les resulta indiferente porque quieren hechos, “gobierne quien gobierne”, y que las pensiones que ajusten al Índice de Precios de Consumo (IPC).

Las pensiones públicas son garantes del Estado de bienestar, al igual que la sanidad o la educación. El sistema actual está claro que tiene grandes deficiencias y el Pacto de Toledo en 1995 no ha dado todos los frutos que prometía. Por ello, es necesaria una reforma para hacerlo rentable. En 40 años ha cambiado la sociedad, empezando por el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, por lo que no debería ser menos en las políticas en esta materia. 

Para ello es preciso un compromiso firme de la clase política y una apuesta clara por el servicio público, dejando de lado las presiones de los actores financieros. Hace falta inyectar más dinero en la hucha común y no usarla como un banco de reservas como ocurrió durante los años más duros de la crisis. De forma paralela, alargar la edad de jubilación puede ser otra medida para mantener unos años más las cotizaciones. 

En la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno Vasco sigue presionando para conseguir la competencia de la Seguridad Social, algo que recoge el Estatuto de Autonomía, pero es poco probable que lo consiga, por lo menos, a corto plazo. De hacerlo, sería una gran responsabilidad, más aún cuando el propio Ejecutivo de Lakua ha afirmado una solución al problema actual podría ser una complementación con una Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV), un producto promovido por entidades financieras que dista de un servicio público. 

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