Aprobada la ley de protección a la infancia casi por unanimidad
Este jueves 20 de mayo se ha aprobado la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia en el Pleno del Congreso de los Diputados. La norma ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox y es pionera en reforzar los derechos de los menores y ampliar la prescripción de los abusos para evitar la impunidad de los agresores.
Apodada ‘Ley Rhodes’ regula la obligación de informar a las autoridades de cualquier indicio de violencia sobre un menor, y establece la aprobación de una estrategia plurianual para erradicar la violencia, en cuya elaboración colaborarán los menores a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. Una vez que esta ley se publique en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor, «cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad» y «no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas».
Otros de los objetivos de esta ley son ampliar la definición de violencia, perseguir delitos cometidos a través de internet, crear unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y asegurar la protección en los centros educativos además de impulsar la formación para jueces y fiscales.
De cara a la puesta en marcha se contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Modificaciones a la propuesta de ley
La norma ha sido revisada por la cámara del Senado y ha realizado modificaciones a la ley inicial. Entre las mejoras se incluye la prohibición de los desnudos integrales para determinar la edad de los menores migrantes, y ha sumado el respaldo de los partidos nacionalistas al garantizar el respeto a las competencias de las comunidades autónomas.
Otra novedad, según ha señalado la ministra Belarra, es la prohibición del uso de contención mecánica en los centros para menores, algo que provocó la muerte de Ilias Tahiri, que falleció en 2019 después de haber sido inmovilizado con sujeciones mecánicas en un centro para menores infractores de Almería.
En la Cámara Baja ha quedado reconocido el derecho de los niños a ser escuchados a lo largo de todo el proceso y se ha eliminado planteamientos sin base científica como el llamado síndrome alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo contra el padre.
La ley incluye además la suspensión del régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.
