La COVID-19 golpea con especial dureza a las personas atenazadas por la opresión como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas
- La pandemia pone al descubierto enormes desigualdades sistémicas que sufren en todo el
mundo las minorías étnicas, el personal sanitario y las mujeres, entre otros grupos
especialmente afectados - La emergencia sanitaria y décadas de falta de inversión han desbordado al deficiente
sistema de atención primaria, expuesto al personal sanitario y abandonado a las personas
mayores que viven en residencias y las que tienen mayores necesidades de salud.
La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19, ha manifestado Amnistía Internacional en su informe anual.
El Informe 2020/21 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020.
La organización describe en él cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas. El personal sanitario, los trabajadores y trabajadoras migrantes y las personas empleadas en el sector informal –en muchos casos en primera linea frente a la pandemia–, se han visto igualmente traicionados por unos sistemas de salud desatendidos y un apoyo económico y social muy desigual.
La respuesta a la COVID-19 se ha visto aún más menoscabada por unos líderes que «han sacado despiadadamente provecho de la crisis y utilizado la pandemia para reanudar sus ataques a los derechos humanos», afirma la organización. No invertir en infraestructuras públicas deterioradas han hecho que «demasiadas personas sean presa fácil del virus”, ha manifestado Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional.
El informe de Amnistía Internacional pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas.
La COVID-19 empeoró la ya precaria situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países, dejándolas en algunos casos atrapadas en miserables campos de acogida, interrumpiendo suministros vitales o provocando controles fronterizos que dejaron a muchas abandonadas a su suerte. Por ejemplo, Uganda, el país que acogía el mayor número de personas refugiadas en África —1,4 millones— cerró inmediatamente sus fronteras al inicio de la pandemia y no hizo excepciones con las personas refugiadas y solicitantes de asilo que intentaban entrar en el país.
El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios.
Quienes trabajaban en primera línea frente a la pandemia —el personal sanitario y del sector informal— sufrieron las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y medidas pésimas de protección social. “Estamos cosechando los frutos de años de desatención calculada de nuestros dirigentes. En 2020, la presión excepcional de una pandemia puso definitivamente a prueba los sistemas de salud y sumió a la población en una profunda crisis económica. Cruelmente, las personas que más dieron fueron las que menos protección recibieron”, ha afirmado Agnès Callamard.
Una virulenta cepa de dirigentes instrumentaliza la pandemia para continuar sus ataques a
los derechos humanos.
El informe describe asimismo un panorama lamentable de líderes mundiales cuya gestión de la pandemia se caracterizó por el oportunismo y un desprecio absoluto por los derechos humanos. “Algunos han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la COVID-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes han ido aún más allá y han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder”, ha manifestado Agnès Callamard. La aprobación de leyes para penalizar los comentarios relacionados con la pandemia ha sido un patrón dominante.
Otros dirigentes han recurrido al uso excesivo de la fuerza. En Brasil aumentó la violencia policial durante la pandemia de COVID- 19 con el gobierno del presidente Bolsonaro. La policía mató al menos a 3.181 personas en todo el país de enero a junio, una media de 17 al día.
Algunos líderes fueron aún más lejos y utilizaron la pandemia para desviar la atención mientras reprimían las críticas no relacionadas con el virus y a quienes las hacían, y cometían otras violaciones de derechos humanos aprovechando que los medios de comunicación del mundo tenían la vista puesta en otros asuntos. Por ejemplo, en India, el primer ministro Narendra Modi reprimió aún más el activismo de la sociedad civil, con medidas antiterroristas como irrumpir en hogares y oficinas.
Los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional en la respuesta a la COVID-19
Los dirigentes mundiales también han hecho estragos en la escena internacional dificultando los esfuerzos colectivos de recuperación de la pandemia al bloquear o debilitar la cooperación internacional.
“La única salida posible de esta desastrosa situación es la cooperación internacional. Los Estados deben garantizar la rápida disponibilidad de vacunas para todas las personas, en todas partes, y las empresas farmacéuticas deben compartir sus conocimientos y tecnología para que nadie se quede atrás. Y los miembros del G-20 y las instituciones financieras internacionales deben aliviar la deuda de los 77 países más pobres del mundo para que puedan combatir la pandemia y recuperarse de ella.” ha declarado Agnès Callamard.
Surgen en todo el mundo movimientos de protesta de una población defraudada por sus gobiernos
Las políticas regresivas adoptadas han impulsado a mucha gente a sumarse a movimientos de lucha consolidados, como las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos y las protestas de #EndSARS en Nigeria. En el informe se describen con detalle numerosas victorias conseguidas por el activismo de derechos humanos en 2020, sobre todo en materia de violencia de género. Por ejemplo en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte se despenalizó el aborto. “Fue el liderazgo de la gente corriente y de quienes defendían los derechos humanos en todo el mundo, a menudo arriesgando su seguridad, lo que nos impulsó a actuar. Y esas son las personas que están en primera línea de la lucha por un mundo mejor, más seguro y más igualitario”, ha afirmado Callamard.
La situación de derechos humanos en España
Algunas de estas tendencias globales que Amnistía Internacional denuncia hoy en el Informe Anual 2020/21 también se aprecian en España. “El sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente, situando este servicio básico entre el abandono y el desmantelamiento”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
El personal sanitario ha estado expuesto a sufrir las consecuencias de la pandemia y no ha tenido medios suficientes para hacerla frente durante muchos meses. La falta de personal, los horarios excesivos y la ausencia de equipos de protección adecuados han sido constantes dejando expuestos a los y las profesionales de la salud y mermado, una vez más, el derecho a la salud de las personas.
En cuanto a la ciudadanía, en concreto miles de personas de la tercera edad que viven en residencias, se vieron abandonadas a su suerte durante los meses más duros del confinamiento. Sufrieron falta de atención médica y aislamiento en las residencias. “En Cataluña y Madrid muchas personas mayores que vivían en residencias no fueron atendidas de forma individualizada, no fueron trasladadas a hospitales cuando lo necesitaban y se les impidió ver a sus familias durante largos periodos de tiempo”, continúa Beltrán.
Además, el estado de alarma decretado por el gobierno , y en concreto el confinamiento, entre marzo y junio, acrecentó la tendencia con la entrada en vigor de la ley mordaza hace seis años de otorgar más poder a las fuerzas de seguridad, sin mecanismos adecuados de control de actuaciones arbitrarias, en detrimento de la protección de los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables.
Por último, y a pesar de la buena noticia del vaciado temporal de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) al inicio de la pandemia, la organización denuncia que las personas migrantes han sido desatendidas en su derecho a la protección internacional en las Islas Canarias donde se cursaron órdenes de expulsión sin respetar las garantías y procedimientos que recoge la ley. Tal y como ha denunciado el Defensor del Pueblo se incumplieron las normas mínimas de distanciamiento social y no se garantizaron unas mínimas condiciones de higiene.
